¿Es necesaria y justificada la proliferación de adendas en los contratos de concesión?
Las posiciones están encontradas, pero la llamada de atención ya está planteada ante una práctica cada vez más común en los contratos que suscribe el Estado.

l temor a las letras pequeñas en los contratos no se aplica a los acuerdos con el Estado, especialmente a las concesiones. No porque estén blindadas y libres de cualquier suspicacia, sino porque cambiar las cláusulas incómodas no es imposible.
De un tiempo a esta parte,son cada vez más recurrentes las modificaciones vía adendas realizadas
en los contratos de concesión de infraestructura que
firma el Estado. Algunas voces ya advierten que con
estos agregados, el sector público y el país no siempre
sale ganando.
Solo para dar un ejemplo,el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) dio cuenta durante el año pasado de la firma de 11 adendas
en 7 contratos firmados en su sector. Situación que no es negativa por sí misma, explican los expertos, pero que sí llama la atención.

Los especialistas consultados para este informe coinciden en afirmar que tanto en el ámbito privado como público, una adenda tiene por objetivo actualizar algunas condiciones bajo las cuales son firmados los contratos, de acuerdo con nuevos eventos que afecten la relación
entre los contratantes. Asimismo, precisan que podría ser subjetivo calificar si una adenda es
buena o mala. Sin embargo, lo más práctico para definir si una adenda es buena, es constatar que dicha modificación satisface por igual a ambas partes. “En el ámbito privado, a veces la posibilidad de hacer adendas es parte del atractivo de un proyecto de inversión”, comenta Arturo Tuesta, de PricewaterhouseCoopers, agrega. Pero el matiz que toma esta práctica en las concesiones de obras de infraestructura pública, en donde incluso se comprometen fondos
estatales para cofinanciamientos, es otro. “Para estos casos, creo que se deben tener mecanismos
más claros y transparentes”.